La ayuda norteamericana

del Plan Colombia

David E. Spencer, Ph. D.

Profesor asociado del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa, William J. Perry, Washington D. C.

De 1998 a 2002 se desarrolló la política de ayuda norteamericana conocida popularmente como Plan Colombia. Inicialmente el Plan Colombia era la estrategia del Gobierno colombiano para enfrentar los múltiples flagelos que asediaban al país. Esta política contaba con un presupuesto total de 7,5 mil  millones de dólares. El aporte norteamericano representaba un componente de ese Plan, dirigido exclusivamente a la lucha contra el narcotráfico, y correspondiente a 1,3 mil millones de dólares, que era prohibido usar contra las guerrillas.

 

Así las cosas, el Departamento de Estado señaló: «La ayuda de los Estados Unidos es estrictamente para el propósito de antinarcóticos.  Proveemos ayuda antinarcóticos a la Policía Nacional de Colombia y solamente a aquellos elementos de las Fuerzas Militares que están directamente involucrados en operaciones contra el narcotráfico»1.

 

Por la urgencia de la situación de orden público de entonces, los militares fueron los principales beneficiarios de la ayuda.  En particular, los recursos se destinaron a dos esfuerzos; el primero, la creación de una Brigada de Aviación del Ejército con alrededor de 60 helicópteros. La tercera parte de estos helicópteros eran Black Hawk y los demás, otros modelos, porque el Congreso de los Estados Unidos acordó entregar diferentes aeronaves fabricadas en tres Estados, a fin de conseguir el apoyo de congresistas clave.

 

El segundo esfuerzo fue la activación de una Brigada Especial Contra el Narcotráfico, para ser helicoportada por la Brigada de Aviación del Ejército. Sin embargo, se decidió separar la Brigada Contra el Narcotráfico y los helicópteros del Plan Colombia del resto del Ejército y ponerlos bajo el mando del Comando General. Además, todas las operaciones helicoportadas tenían que ser aprobadas por la embajada de Estados Unidos y debían estar directamente relacionadas con el narcotráfico.

 

Desde un comienzo hubo contradicciones en el esfuerzo por separar la lucha contra el narcotráfico y contra las guerrillas, porque la mayoría de los blancos, cultivos y laboratorios del narcotráfico estaban en territorio donde hacían presencia estos grupos armados al margen de la Ley. Entonces, cuando se realizaban operaciones contra el narcotráfico, la Fuerza Pública era atacada por los insurgentes con emboscadas, minas antipersonales y morteros improvisados, así que se hizo necesario neutralizar los guerrilleros que se encontraban en zonas aledañas al objetivo narcotraficante.

 

Estados Unidos accedió a estas acciones, pero como el Gobierno norteamericano estaba proveyendo la inteligencia para las operaciones, se crearon reglas para compartir los datos de inteligencia que se obtenían sobre las guerrillas.  Básicamente, si objetivos guerrilleros estaban dentro de cierto radio de distancia del objetivo narcotraficante, se compartía información, si estaba a más distancia, no.

 

No obstante, cada vez las diferencias entre la guerrilla y el narcotráfico se hicieron más difíciles de distinguir.  Por ejemplo, en la Operación Gato Negro, contra el Frente 16, se encontró amplia evidencia de la estrecha relación entre las Farc y el narcotraficante brasileño Fernandinho Beira Mar, quien fue capturado por uniformados mientras intentaba escaparse de Barrancominas.

Los primeros indicios de un reconocimiento político de la falsa separación entre la guerrilla y el narcotráfico se empezaron a ver en Washington, debido a un ataque de las Farc en julio del año 2000 al puesto de Policía de Roncesvalles, Tolima, debido a que la embajada negó el uso de los helicópteros del Plan Colombia para rescatar a los policías que allí se encontraban, porque este incidente no estaba relacionado con el narcotráfico. Como consecuencia, varios policías murieron y otros fueron heridos. Por lo anterior, el Congreso llamó la atención a la Embajada diciendo que esta no era la intención de sus restricciones y que sí estaba permitido usar los recursos norteamericanos para casos de emergencia y humanitarios. Así que quince días después, cuando las Farc atacaron Arboleda, Caldas, se permitió que los helicópteros del Plan Colombia se utilizaran para rescatar a los policías.

 

Además, poco después el Congreso aprobó alrededor de 100 millones de dólares adicionales para un programa de protección a la infraestructura petrolera del oriente de Colombia, centrado en Arauca. Esta fue la primera ayuda específicamente para contrarrestar los grupos guerrilleros.

 

En suma, el ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001 a las torres gemelas cambió el pensamiento norteamericano hacia las guerrillas de Colombia, y el Gobierno de ese país empezó a mirar a todo grupo terrorista en el mundo como un enemigo estratégico potencial del país, incluyendo a las Farc y el Eln.

 

Fue así como se evidenció que los grupos guerrilleros de Colombia empleaban el terrorismo como método de lucha, y el narcotráfico, como fuente de financiación. Por ello, el presidente de los Estados Unidos firmó una directiva secreta que permitía el uso de dineros para combatir el narcotráfico y los grupos terroristas en Colombia.

 

La implementación de esta directiva fue gradual, puesto que para la Embajada la nueva orientación permitía el uso ocasional de los recursos del Plan Colombia para fines antiterroristas, pero el propósito principal seguía siendo el de las operaciones contra el narcotráfico.  Entonces las Fuerzas Militares proponían el uso de los recursos del Plan Colombia para diferentes operaciones, y la Embajada aprobaba o negaba de acuerdo con una serie de criterios que ellos habían desarrollado. Con el tiempo, esos criterios se fueron liberalizando ya que la lucha contra el terrorismo cobró más importancia.

 

Finalmente, el cambio fundamental en la política norteamericana se dio a partir de febrero de 2003, cuando insurgentes de la Columna Móvil Teófilo Forero Castro de las Farc secuestraron a tres contratistas norteamericanos y asesinaron a otro y a un suboficial colombiano, cuando el avión en que viajaban sufrió desperfectos mecánicos y aterrizó de emergencia en Florencia, Caquetá.  Con este secuestro, ya cualquier duda sobre usar o no usar los recursos del Plan Colombia para combatir estas amenazas desapareció.

 

1. Departamento del Estado, Conferencia de Prensa, 2 de marzo, 1998.

Para conocer más detalles sobre lo que sucedió en la siguiente etapa del Camino a la Victoria, espere la próxima edición de Revista Ejército.

Para ampliar el tema consulte las siguientes referencias:

 

Davis, D. Kilcullen, D. Mills, G. Spencer, D. (2016). ¿Un Gran Quizás? Colombia, conflicto y convergencia. Editorial Planeta: Colombia.

 

Franz, T. (2016). Plan Colombia: illegal drugs, economic development and counterinsurgency–a political economy analysis of Colombia's failed war. Development Policy Review, 34(4), 563-591.

 

Gaviria, A., Mejía, D., y Weiskopf, J. (2017). Anti-Drug Policies in Colombia: Successes, Failures, and Wrong Turns. Vanderbilt University Press.

 

Spencer, D., y Gómez, J. (2011). Colombia: Camino a la recuperación: seguridad y gobernabilidad 1982-2010. Washington: CHDS. Recuperado de: http://digitalndulibrary. ndu. edu/cdm/ref/collection/chdspubs/id/18089.

 

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