Mujeres y

 Seguridad

Por Lorena Becerra Flórez

Directora Académica Social Development Group

El concepto tradicional de seguridad tiene asociaciones históricas a la defensa, los ámbitos públicos, las Fuerzas Militares y de Policía, que, a su vez, se relacionan culturalmente con la masculinidad. En las últimas décadas, los movimientos por los derechos de las mujeres y las incorporaciones de ellas a las Fuerzas Militares han replanteado nuevos retos y oportunidades en materia de seguridad.

 

Para analizar lo anterior es necesario definir dicho concepto. En palabras de Foucault (2010), «la seguridad es una forma de gobernar con el objetivo de garantizar que los individuos o la colectividad estén expuestos lo menos posible a los peligros» (Montero, 2013, p.205). Por su parte, aparece el concepto de seguridad humana, que «significa proteger las libertades vitales, proteger las personas expuestas a amenazas y a ciertas situaciones, robusteciendo su fortaleza y aspiraciones». Implica también crear sistemas que faciliten a las personas los elementos básicos de supervivencia, dignidad y medios de vida.  (CSH, 2003, p. 4). La amplitud de estas definiciones permite entender que tanto las garantías como la protección tienen un carácter universal en el que caben hombres y mujeres; por tanto, deben ser pensadas desde diferentes posturas.

 

Específicamente cuando se habla de mujeres, su connotación plural alude al hecho de que no existe un solo concepto de mujer, y es necesario hacer explícita la existencia de mujeres indígenas, rurales, urbanas, afrodescendientes, blancas, víctimas, combatientes, lideresas y, por su puesto, mujeres militares.  Esta explicación, aunque parezca obvia, pone sobre la mesa la necesidad de entender la seguridad como plural, así como tener la visión desde diferentes perspectivas, a fin de facilitar que hombres y mujeres estén en el panorama de las instituciones y, por ende, «puedan participar en el análisis, la gestión y la supervisión de la seguridad» (DCAF, 2015).

 

En un mundo tan convulsionado, marcado por múltiples conflictos y el esfuerzo de muchos países por ponerles fin, la incorporación de la perspectiva de género es una herramienta para visibilizar los impactos desproporcionados hacia las mujeres en el conflicto, lo cual ha quedado descrito en el auto 092 de 2008, como abrir paso para dar garantías a la no repetición, y en palabras de Vergel (2018), esto constituye un aspecto fundamental para la legitimidad democrática. Sin embargo, no ha sido una tarea fácil.

 

Las luchas de las mujeres por aparecer en el lente de las discusiones en materia de seguridad no son un hecho fortuito. Las mujeres tuvieron que organizarse y alzar sus voces para ser escuchadas, recorriendo un largo camino. Para la década de los 70, durante la Primera Conferencia en ciudad de México, se estableció como uno de los principales objetivos la «Mayor contribución de las mujeres a la paz mundial». Más adelante, en la IV Conferencia de Beijing se establecen nuevas metas, como el «aumento de la participación de la mujer en la resolución de controversias a nivel de toma de decisiones y la protección a las mujeres que viven en situaciones de enfrentamiento bélico y otras clases de conflictos o bajo ocupación extranjera» (Conferencia de Beijing, 1995). Estos eventos dieron paso a un hecho sin precedentes, la inclusión de la relación Mujeres, Paz y Seguridad en la resolución 1325 del año 2000, por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

 

No obstante, la emisión de la resolución no fue un punto de llegada, sino el inicio de nuevos retos en términos de la materialización de los compromisos de los países frente al establecimiento de acciones que respondan a los efectos de los conflictos en las mujeres y las niñas, a fin de que se abran espacios para el fomento del mantenimiento de la paz, pero ¿cómo hacer explícita y tangible la relación de las mujeres y la seguridad?

 

Los conceptos de prevención, protección y participación dan algunas luces a la aplicación de las líneas de la resolución. El primer concepto se dirige a «asegurar que en las estrategias de prevención de conflictos se involucren a las mujeres, desarrollar mecanismos de alerta temprana sobre cuestiones de género e intensificar y ampliar los esfuerzos por prevenir la violencia contra las mujeres» (Onumujeres, 2013). En este punto cobra importancia el proceso de planeación desde cada una de las direcciones del Ejército Nacional y, aún más, desde las líneas de transformación. Los análisis de riesgo y el diseño de protocolos que incluyen la perspectiva de género y tienen en cuenta las solicitudes e informes emitidos por las organizaciones de mujeres aumentan la eficacia al garantizar las funciones institucionales de protección de derechos.

 

En materia de protección, las agendas deben propender por las acciones que protejan a las mujeres de cualquier tipo de violencia. Esto implica la adopción de medidas para la protección durante los conflictos y en situaciones de posconflicto a la población civil, en especial mujeres y niñas, sin excluir las acciones en los procesos de reincorporación, migraciones y acompañamiento por desastres naturales. Paralelamente, incluye la incorporación de políticas institucionales de denuncia, protección y procedimientos de sanción ante los casos de violencia basados en género. Cabe resaltar la importancia de la capacitación al personal militar en temas de género, línea que ha sido institucionalizada por las directivas del Comando General de las Fuerzas Militares, que, a su vez, son requisito para la participación en las operaciones de mantenimiento de paz.

 

Por último, la participación de las mujeres debe ser vista como una oportunidad, ya que su objetivo no es justificar cifras vacías, es un acceso igualitario a las oportunidades por parte de hombres y mujeres de acuerdo con sus capacidades en el sector seguridad. La participación en espacios de decisión, el reclutamiento y la designación de las mujeres en todos los niveles jerárquicos, si bien ha aumentado en los últimos años, se encuentra ante obstáculos culturales que requieren ser analizados y tenidos en cuenta en el actual proceso de transformación institucional.

 

Para concluir, los avances del Sector Defensa en la emisión de la política de transversalización de género, la instalación de oficinas de género como la del Ejército Nacional y el aumento en la incorporación de mujeres en las filas muestra el inicio de un camino de transformación. Sin embargo, solo la eliminación de las acciones discriminatorias que dejan por fuera a las mujeres de los espacios de decisión en materia de seguridad permitirá tener una mayor perspectiva frente a la garantía y protección de derechos. Sumado a esto, tener como foco el rol de las mujeres en el análisis, la gestión y la supervisión de la seguridad favorecerá la eficacia en cumplimiento de las funciones constitucionales de las Fuerzas Militares.

 

Referencias

 

Castillo, G. B., Henao, M. C. & Gómez. (2018). A. R. C. (Eds.). Justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición. Colección Ejército, Institucional y Sociedad n.° 7. U. Bogotá, Colombia: Externado de Colombia.

 

Corte Constitucional de Colombia. (2008). Auto 092 de 2008. Bogotá.

 

Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces. (2015). Gender Equality and Good Security Sector Governance, (SSR Backgrounder Series). Ginebra: DCAF

 

Montero, J. C. (2013). El concepto de seguridad en el nuevo paradigma de la normatividad mexicana. Región y sociedad, 25(58), 203-238. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-39252013000300007&script=sci_arttext&tlng=en

Resolución 1325 de 200: Mujeres, Paz y Seguridad. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.